¿Ciudadanos juzgando al poder?

La actualidad judicial española acaba de dar uno de esos giros que parecen sacados de un guion cinematográfico. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se sentará en el banquillo de los acusados frente a un jurado popular.

Serán nueve ciudadanos de a pie, legos en Derecho, quienes decidirán si es culpable o inocente de los delitos de tráfico de influencias y malversación.

El Tribunal del Jurado en España está compuesto por 9 ciudadanos y un magistrado presidente.. Fuente: Europa Press News / Europa Press via Getty Images


Este bombazo informativo me ha traído recuerdos muy personales. Cuando se aprobó y se puso en marcha la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado en España (allá por el lejano 1995), mi nombre apareció en el bombo de la suerte: fui seleccionado como potencial jurado.
Reconozco que en ese momento me invadió una mezcla de curiosidad, respeto y ese típico gusanillo de "¿y si me toca a mí decidir el destino de alguien?". Al final, como les pasa a muchos candidatos de la bolsa de reserva, nunca llegaron a llamarme (afortunadamente). Pero la experiencia de ver tu nombre ahí te hace mirar los telediarios con otros ojos. ¿De verdad estamos preparados los ciudadanos para dictar una sentencia?


Luces y sombras: Ventajas y desventajas del jurado popular

Poner la justicia en manos de la ciudadanía siempre ha sido objeto de un intenso debate entre juristas y sociólogos. ¿Es una verdadera democratización de la justicia o un peligroso arma de doble filo?

 
Ventajas:
Democratización real: Permite que la sociedad participe directamente en uno de los tres poderes del Estado, acercando la justicia a la calle. 
Sentido común y empatía: A veces, la fría letra de la ley se beneficia de la "justicia intuitiva" y la valoración humana de personas corrientes. 
Mayor transparencia: Obliga a los abogados y fiscales a explicar las pruebas de una manera clara, sencilla y comprensible para todos. 

Desventajas:
Falta de conocimientos técnicos: Los ciudadanos de a pie pueden perderse en los complejos tecnicismos legales de delitos financieros o de corrupción.
Vulnerabilidad a la presión mediática: En casos tan políticos y mediáticos como el de Begoña Gómez, es extremadamente difícil que un jurado se aísle del ruido exterior.

Sesgos y prejuicios: Es más fácil apelar a las emociones de un jurado popular que a las de un juez profesional habituado a la frialdad procesal.

La estadística que asusta: El implacable porcentaje de culpabilidad

 
Si hay un dato que debe de tener muy preocupada a la defensa de Begoña Gómez, es la fría estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Existe un mantra en el mundo del derecho que dice: "Si eres inocente, que te juzgue un juez; si eres culpable, que lo haga un jurado". Sin embargo, los números dicen todo lo contrario. 

El dato demoledor: Históricamente en España, más del 90% de los juicios con jurado popular terminan con un veredicto de culpabilidad.

 
En la serie histórica desde su implantación, la tasa de condenas apenas ha bajado del 89%, llegando a picos del 95% en algunos años. Para que nos hagamos una idea, en los juicios ordinarios (llevados a cabo exclusivamente por jueces profesionales), la tasa de condena suele rondar el 80% o menos.

¿Por qué se condena tanto en el jurado?

Los expertos apuntan a dos motivos principales:
Filtro previo muy duro: Para que un caso llegue a juicio con jurado, ha tenido que superar un control de indicios extremadamente riguroso por parte del juez instructor y la Audiencia. Es decir, si llega ahí, es porque suele haber pruebas muy sólidas.
La psicología del grupo: Para declarar culpable a alguien en España se necesitan 7 de los 9 votos del jurado, mientras que para declararlo inocente bastan 5 votos. A pesar de requerir una mayoría amplia para condenar, la presión social del grupo dentro de la sala de deliberación suele empujar con fuerza hacia el veredicto de culpabilidad.

¿Qué pasará ahora?
El juicio a la mujer del presidente va a ser un examen de fuego para nuestra Ley del Jurado. En un ambiente de tremenda polarización política, encontrar a nueve personas libres de prejuicios y opiniones preconcebidas de cara a este proceso va a ser un auténtico encaje de bolillos para la Oficina del Jurado.

¿Y vosotros? Si os llegara la carta de citación ¿asumiríais el reto con ganas o buscaríais cualquier excusa para libraros? ¿creéis que os podrías aislar del ruido mediático que habrá alrededor?

 

El preocupante tic de deslegitimar a los jueces (cuando la sentencia no nos gusta)

La política española vive instalada en un estado de excepción retórica permanente, donde las fronteras de la división de poderes se difuminan al ritmo que marcan los intereses de partido. El último terremoto político tiene nombres y apellidos, y ha golpeado directamente en la línea de flotación de Moncloa: la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por las irregularidades en su contratación y posterior reestructuración de su puesto en la Diputación de Badajoz.

Aunque la sentencia le absuelve del delito de tráfico de influencias al no probarse presiones directas de terceros, el fallo judicial es demoledor en su análisis de la gestión de fondos públicos. Sin embargo, la verdadera crisis que este caso pone sobre la mesa no es solo el nepotismo o las irregularidades administrativas, sino la alarmante degradación en la relación que nuestra clase política mantiene con el Poder Judicial.

Lo que dice el Gobierno: la tesis del derribo y el "lawfare"

Como viene siendo habitual en la estrategia de Moncloa, la respuesta oficial no se ha centrado en rebatir técnicamente los hechos probados por la Audiencia de Badajoz, sino en denunciar una supuesta conspiración. Figuras del Ejecutivo y partidos afines no han tardado en calificar la condena de "desproporcionada" y enmarcarla dentro de una cacería política.

El argumento central del oficialismo sostiene que todo este proceso es un intento instrumental de la oposición y de ciertos sectores judiciales para "derribar a un Gobierno legítimo ante la incapacidad de hacerlo en las urnas". Al sembrar la sospecha sistemática sobre la imparcialidad del tribunal, el relato gubernamental reduce un dictamen de prevaricación (apoyado unánimemente por los magistrados) a un simple acto de guerra política o lawfare.

Lo que dice la Oposición: el síntoma de un "sistema corrupto"

En el otro extremo del espectro, la oposición ha recibido la sentencia como la confirmación de lo que llevan meses denunciando. Para el Partido Popular y Vox, la condena del hermano del presidente no es un hecho administrativo aislado en una diputación provincial, sino la prueba de fuego de una presunta red de favores y un síntoma de que el PSOE utiliza las instituciones como "un cortijo" particular.

La derecha exige responsabilidades políticas al más alto nivel, recordando que Pedro Sánchez llegó al poder bajo la bandera de la regeneración y la lucha contra la corrupción. Con la condena sobre la mesa, la oposición eleva la presión argumentando que el presidente está inhabilitado éticamente para seguir gobernando con su entorno familiar directo señalado por los tribunales.

La verdadera víctima: la erosión de la división de poderes

Más allá de la batalla por el relato que libran la izquierda y la derecha, la lectura más preocupante que nos deja este episodio es el ínfimo respeto que la clase política española profesa hacia el Poder Judicial.

En una democracia sana, el Estado de derecho descansa sobre un pilar fundamental: la aceptación de las reglas del juego. Eso implica que las sentencias judiciales se acatan, se respetan y, si no se está de acuerdo con ellas, se recurren a través de los cauces legalmente establecidos. En España, por el contrario, parece que la legitimidad de un juez depende exclusivamente de si su fallo beneficia o perjudica al partido de turno.

• Cuando la Justicia investiga al adversario, se la ensalza como el baluarte de la democracia y la decencia del país.

• Cuando la Justicia investiga al propio bando, se la descalifica inmediatamente acusando a los magistrados de estar "politizados", de actuar por despecho o de participar en conspiraciones orquestadas desde la sombra.

Esta preocupante tendencia a desacreditar las decisiones judiciales no es más que un síntoma de inmadurez democrática. Si los ciudadanos perciben que las propias instituciones del Estado desprecian y deslegitiman las sentencias de los tribunales cuando no les son propicias, el propio pacto social que nos sostiene empieza a resquebrajarse.

El hermano de Pedro Sánchez tiene, por supuesto, todo el derecho a recurrir esta sentencia en instancias superiores. Así funciona nuestro sistema de garantías. Lo que no es admisible en una democracia europea del siglo XXI es que el debate público gire en torno a dinamitar la credibilidad de los jueces cada vez que estos hacen su trabajo, caiga quien caiga. Respetar las reglas del juego cuando se pierde es, precisamente, la diferencia entre una democracia sólida y un mero teatro de poder.

¿Y ahora, qué?

En la serie de "Preguntas en la segunda ola", el día 1 de octubre, antes de que la Comunidad de Madrid recurriera las medidas impuestas por el gobierno de España para el cierre de Madrid capital y otros diez municipios, me preguntaba si Madrid iba a recurrir. Y respondía que sí porque era evidente que era eso lo que sucedería.

Y lanzaba dos preguntas más: Si la justicia, el TSJM en este caso, daba la razón a la Comunidad ¿no debería dimitir el responsable de esa medida, es decir el ministro Illa? Y si la justicia no daba la razón a la Comunidad ¿no debería dimitir el gobierno de Madrid en pleno? Me mantengo en mis preguntas, pero ya avanzo que no va a suceder nada, porque aquí nadie es responsable de nada.

Volveremos al manoseado, es que no se podía saber...

No entiendo de leyes, pero sí que creo en eso de que las decisiones judiciales aunque no se compartan deben respetarse y acatarse.
Es un varapalo para el gobierno (otro más), pero como decía más arriba aquí nadie se va a dar por aludido. Si la situación no pareciera estar mejorando creo que al gobierno no le quedaría otra que imponer de nuevo el estado de alarma y sufrir el tremendo desgaste político que esa medida le iba a suponer, afortunadamente para el gobierno, para Madrid, y especialmente para nosotros los ciudadanos parece que los datos apuntan a una cierta mejoría, así que quizás, sólo quizás, esta decisión del TSJM pueda ser incluso un alivio para todos.

El árbol que no dejaba ver el bosque

Lee uno un titular de la Agencia EFE tal que este:

https://twitter.com/EFEnoticias/status/1252896221167042560

Y lo primero que piensa es ¿dónde estamos llegando?, ¿será también culpa del estado de alerta? Evidentemente estos jueces deben estar locos, porque intentar frenar un desahucio no parece que constituya un delito.

Lee después el tuit de uno de los muchos vicepresidentes que se gasta este gobierno y ya le queda casi perfectamente claro:

https://twitter.com/PabloIglesias/status/1252907709655113728

"Se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso". Ya uno supone que la cosa debe ser seria e incluso puede haber un conflicto entre poder judicial y legislativo. Y me reafirmo, estos jueces además de locos deben ser unos sinvergüenzas.

https://twitter.com/pnique/status/1252905089955770368

¡¡Y además lo han hecho sin pruebas!! Eso por lo menos debe ser prevaricación.

Voy a leer la noticia completa, la de la Agencia EFE, que parece una fuente seria y fiable, poque me parece muy fuerte lo que ha pasado. Empieza así:

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a un año y siete meses de prisión a la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Isa Serra por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz del intento de frenar un desahucio en el barrio de Lavapiés en 2014.

¡Coñe! que ahora dice que la condena no es por frenar un desahucio, sino por atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz del intento de frenar un desahucio. No parece lo mismo que estaba leyendo hace un momento.

Esto es como si ayudo a un viejecito a cruzar la calle y mientras lo hago, le robo la cartera y luego llega un medio y publica que me han condenado por ayudar a un viejecito a cruzar la calle. Aquí el problema es que muchos se quedan sólo en lo que dicen unos, los suyos, o en el titular de la noticia, el árbol que no deja ver el bosque, en definitiva.

El hombre sabio, incluso cuando calla, dice más que el necio cuando habla (Thomas Fuller)

[caption id="attachment_10456" align="alignleft" width="300"] Imagen: kjpargeter/Freepik[/caption]

Es curioso la que tenemos montada con el tema de la Justicia. Aquí todo el mundo opina, todo el mundo sienta catedra, todo el mundo sabe más que nadie y encima si alguien les lleva la contraria es que no tiene ni puñetera idea.

Hasta hace no mucho todo el mundo opinaba de fútbol, de los árbitros, de las alineaciones y así cada uno eramos el mejor seleccionador, yo llevaría a este, pondría a aquel, jugaría con este sistema o con aquel otro. Estaba bien, echábamos el rato tomando una caña en la barra del bar y demostrando (y demostrándonos) lo mucho que sabíamos.

Pero como hablar de la Justicia también es gratis pues resulta que lo hacemos, y cuando nos gustan las sentencias pues muy bien, como por ejemplo la de las tarjetas-black que condena a Rato y Blesa por apropiación indebida (en roman paladino por quedarse con lo que no es suyo), pero en la que hay otros 63 encausados que también han sido condenados, entre ellos políticos de los principales partidos (de derechas y de izquierdas), sindicalistas (que en esto tampoco tienen miramientos), empresarios, y hasta algún padre de..., de todo un poco vamos. Y esta sentencia pues a todos más o menos les gusta y todos la respetan y la comparten.

Ayer también se conocía que la Audiencia de Palma iba a mantener al cuñado del Rey en libertad provisional sin fianza tras la condena a seis años y tres meses de prisión que le impuso la semana pasada. Y como esta no gusta, pues venga todos a criticar a la justicia que sigue defendiendo a los poderosos...

Yo soy muy ignorante, y no sé si la sentencia de las tarjetas black está bien y la de Urdangarín mal, o al reves, no he estudiado derecho y no me veo capacitado para defender un argumento u otro, así que mejor me callo. Hay una frase que se atribuye a Thomas Fuller que dice que "el hombre sabio, incluso cuando calla, dice más que el necio cuando habla" y seguramente no le falta razón.