A finales del curso pasado se anunciaba, a bombo y platillo, que es como se suelen anunciar estas cosas, una ley de gratuidad de libros de texto. Ley propuesta por Ciudadanos y que incorporó enmiendas del resto de grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y que finalmente fue aprobada por unanimidad de todos los grupos.Ciudadanos calculaba un ahorro aproximado para las familias de entre 250 y 300€ al año por cada alumno de primaria, secundaria y formación profesional básica que se sumará al programa. El modelo se iba a desarrollar mediante la creación de un banco de libros en "todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos", es decir podían participar en él todos los centros públicos y concertados de la Comunidad de Madrid.
Ciertamente ya desde el principio surgieron críticas desde distintos sectores, desde la Ceapa por ejemplo no gustaba la voluntariedad del programa y hubieran preferido su universalidad, ya que aunque consideraban la ley un avance pensaban que podía provocar que hubiera alumnos de primera y de segunda, ya que las familias con medios podrían preferir que sus hijos no utilizasen libros usados. También criticaba que la Comunidad de Madrid no se hubiera reunido con los representantes de los padres a la hora de preparar la ley, critica similar a la esgrimida por Anele (Asociación Nacional de Editores de Libros) que en aquel momento consideraba que la ley dejaba en una situación de incertidumbre a empresas y librerías.
Al poco de comenzar este curso escolar 2017-2018 empezó a correr como la pólvora un mensaje por los grupos de Whatsapp tan habituales en los colegios en el que aparecía una carta remitida por la Consejería de Educación destinada a los alumnos de los colegios públicos relativa al programa "ACCEDE" que es el nombre con el que se conoce la iniciativa y que inicialmente dio la impresión de que dejaba fuera del plan a los colegios concertados. La Consejería de Educación tuvo que salir a dar explicaciones, al igual que muchos centros escolares que decían no saber nada del tema. ¿Improvisación, quizás?
Desde la Consejería se fueron realizando sondeos para evaluar el impacto que tendría esta medida así como el número de alumnos que estaban interesados en sumarse al programa. No he encontrado información fiable al respecto más allá de los comentarios que me han llegado a través de algún profesor y director de centros escolares, unos me hablaban prácticamente un 100% de familias que se sumarían al programa mientras que otros rebajaban la cifra alrededor del 55-60%.
Son muchas las aristas que rodean una ley de estas características y poco a poco van saliendo a la luz, desde la Federación de Enseñanza de USO denuncian que las cantidades aportadas por la consejería para financiar la gestión del programa en los centros concertados son mucho menores que en los centros públicos, donde el profesor coordinador cobrará un complemento incluido en nómina cosa que no ocurrirá en los concertados. A partir de este punto algunos centros concertados (que tienen por ley que solicitar la adhesión voluntaria al programa) comienzan a plantearse aún más dudas...
Hace solo unos días Emilio Díaz, responsable de comunicación y relaciones institucionales de Escuelas Católicas de Madrid, publicaba un artículo mostrando sus dudas respecto al programa:
"Y se nota en el poso de inquietud y cierta insatisfacción que se vive en los centros con relación a este sistema de préstamo. Una insatisfacción que se desprende de los plazos establecidos; de la población escolar inicialmente beneficiada; de la información transmitida; del trabajo burocrático que el sistema genera a los centros y que recaerá fundamentalmente en un ya saturado personal de administración y servicios; y, sobre todo, en los límites económicos planteados para las ayudas y su posible incidencia en la autonomía de los centros para determinar sus libros y materiales."
Sin decir nada, se dice mucho, si uno lee entre líneas ve que esta ley no termina de convencer a todos. Por ejemplo, el dinero que puede gastar un colegio en los libros de primaria por alumno es de 150€ entre todas las asignaturas, pero los padres sabemos que generalmente ese precio se va más arriba, así pues no deja de haber una trampa, porque eso puede obligar al colegio a elegir unos manuales que no eran los más idóneos... A buen entendedor pocas palabras bastan que dice el sabio refrán.
Al final, después de todo, este próximo curso 2018-2019 resulta que no, que no todos los alumnos de la Comunidad de Madrid van a tener acceso a este programa. En este curso solo tendrán acceso al programa aquellos que tengan una renta per cápita familiar de 4.260 euros o menos, los perceptores de la Renta Mínima de Inserción, familias en intervención social, tutelados en acogimiento residencial, víctimas de terrorismo y de violencia de género, alumnos con necesidades educativas y los beneficiarios de protección internacional.
Pero vamos, que no pasa nada, que al curso que viene, coincidiendo con que hay elecciones, habrá pan y toros para todos, ya verán ustedes como es así.
