Sapos de pueblo y gracias de palacio

Hay decisiones políticas que no se anuncian a bombo y platillo en una rueda de prensa sin preguntas; se deslizan con sigilo en la letra pequeña del Boletín Oficial del Estado o tras el paraguas de algún anuncio rimbombante. Es la vieja técnica de amortiguar el impacto: colar el indulto a perfiles incómodos mientras se entretiene al personal hablando de leyes de regeneración o de la última ocurrencia del día.

Esta semana el Consejo de Ministros ha vuelto a tirar de rodillo y gracieta ministerial para perdonar la pena de prisión a Laura Borràs —condenada por fraccionar contratos a dedo— y a ex-cargos públicos salpicados por delitos de malversación. Todo servido en bandeja de plata, envuelto en el celofán de la "equidad" o las "razones humanitarias", pero con el tufo inconfundible del cálculo político y el trueque institucional.

El archivo de las hemerotecas

Resulta fascinante el ejercicio de arqueología mediática cuando se repasan las declaraciones del Pedro Sánchez de los primeros tiempos. Aquel candidato firme que prometía en platós y mitines que jamás se indultaría a políticos condenados por corrupción, que bajo su mandato la ejemplaridad sería la única bandera y que la regeneración democrática no dejaría espacio al amiguismo ni al intercambio de favores.

Hoy, aquel catálogo de principios parece redactado por la oposición de su propio gobierno. De aquellas promesas solemnes queda el eco, sustituido por la pirueta dialéctica diaria: lo que antes era corrupción o prevaricación condenable, hoy se redefine según el saldo de apoyos que requiera la gobernabilidad.

El concejal de a pie y el trago amargo

Pero más allá del teatro de la Carrera de San Jerónimo o de las moquetas de Moncloa, conviene poner la mirada en donde la política duele de verdad: en las casas de pueblo y los ayuntamientos de municipio pequeño.

¿Qué piensa hoy un alcalde socialista de una localidad rural cuando se levanta a las seis de la mañana para cuadrar un presupuesto municipal bajo la lupa de tres interventores? ¿Cómo le explica a su vecino —el que le pide una subvención de 500 euros para el equipo de fútbol o la reparación de un camino— que para la gente de a pie la ley se aplica al milímetro, pero para los socios de investidura o los afines de las cúpulas siempre hay una gatera abierta?

Ese edil de pueblo, que da la cara a diario en la panadería, en el bar de la plaza o en la consulta médica, es quien termina tragándose el sapo de Moncloa. Se le pide disciplina de partido, aplauso cerrado al "amado líder" y silencio cómplice ante maniobras que dinamitan el discurso de justicia e igualdad que él mismo pregona en su pueblo. Pero la mayoría, la inmensa mayoría, al final traga, calla y justifica. 

La contradicción insostenible

Defender lo indefendible desgasta. La militancia y los representantes locales del PSOE se ven atrapados en una trampa moral disecada por la cúpula: o rompen el monolitismo del partido para mantener la dignidad ante sus vecinos, o asumen la condición de voceros de unas concesiones que nadie en la calle entiende ni respeta.

El problema de gobernar a golpe de excepción e indulto a la carta no es solo el descrédito de las instituciones; es que destruye la pedagogía democrática más elemental. Cuando las reglas del juego cambian según quién cometa el delito, la política deja de ser un servicio público y pasa a ser un mero mercado de abastos. Y en ese mercado, lamentablemente, quienes pagan la factura de la desconfianza ciudadana no son los ministros firmantes, sino los alcaldes y concejales que todavía tienen que mirar a los ojos a sus vecinos. Que luego no justifiquen los malos resultados con malas excusas, aquí tienen los motivos.