La política española vive instalada en un estado de excepción retórica permanente, donde las fronteras de la división de poderes se difuminan al ritmo que marcan los intereses de partido. El último terremoto político tiene nombres y apellidos, y ha golpeado directamente en la línea de flotación de Moncloa: la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por las irregularidades en su contratación y posterior reestructuración de su puesto en la Diputación de Badajoz.
Aunque la sentencia le absuelve del delito de tráfico de influencias al no probarse presiones directas de terceros, el fallo judicial es demoledor en su análisis de la gestión de fondos públicos. Sin embargo, la verdadera crisis que este caso pone sobre la mesa no es solo el nepotismo o las irregularidades administrativas, sino la alarmante degradación en la relación que nuestra clase política mantiene con el Poder Judicial.
Lo que dice el Gobierno: la tesis del derribo y el "lawfare"
Como viene siendo habitual en la estrategia de Moncloa, la respuesta oficial no se ha centrado en rebatir técnicamente los hechos probados por la Audiencia de Badajoz, sino en denunciar una supuesta conspiración. Figuras del Ejecutivo y partidos afines no han tardado en calificar la condena de "desproporcionada" y enmarcarla dentro de una cacería política.
El argumento central del oficialismo sostiene que todo este proceso es un intento instrumental de la oposición y de ciertos sectores judiciales para "derribar a un Gobierno legítimo ante la incapacidad de hacerlo en las urnas". Al sembrar la sospecha sistemática sobre la imparcialidad del tribunal, el relato gubernamental reduce un dictamen de prevaricación (apoyado unánimemente por los magistrados) a un simple acto de guerra política o lawfare.
Lo que dice la Oposición: el síntoma de un "sistema corrupto"
En el otro extremo del espectro, la oposición ha recibido la sentencia como la confirmación de lo que llevan meses denunciando. Para el Partido Popular y Vox, la condena del hermano del presidente no es un hecho administrativo aislado en una diputación provincial, sino la prueba de fuego de una presunta red de favores y un síntoma de que el PSOE utiliza las instituciones como "un cortijo" particular.
La derecha exige responsabilidades políticas al más alto nivel, recordando que Pedro Sánchez llegó al poder bajo la bandera de la regeneración y la lucha contra la corrupción. Con la condena sobre la mesa, la oposición eleva la presión argumentando que el presidente está inhabilitado éticamente para seguir gobernando con su entorno familiar directo señalado por los tribunales.
La verdadera víctima: la erosión de la división de poderes
Más allá de la batalla por el relato que libran la izquierda y la derecha, la lectura más preocupante que nos deja este episodio es el ínfimo respeto que la clase política española profesa hacia el Poder Judicial.
En una democracia sana, el Estado de derecho descansa sobre un pilar fundamental: la aceptación de las reglas del juego. Eso implica que las sentencias judiciales se acatan, se respetan y, si no se está de acuerdo con ellas, se recurren a través de los cauces legalmente establecidos. En España, por el contrario, parece que la legitimidad de un juez depende exclusivamente de si su fallo beneficia o perjudica al partido de turno.
Cuando la Justicia investiga al adversario, se la ensalza como el baluarte de la democracia y la decencia del país.
Cuando la Justicia investiga al propio bando, se la descalifica inmediatamente acusando a los magistrados de estar "politizados", de actuar por despecho o de participar en conspiraciones orquestadas desde la sombra.
Esta preocupante tendencia a desacreditar las decisiones judiciales no es más que un síntoma de inmadurez democrática. Si los ciudadanos perciben que las propias instituciones del Estado desprecian y deslegitiman las sentencias de los tribunales cuando no les son propicias, el propio pacto social que nos sostiene empieza a resquebrajarse.
El hermano de Pedro Sánchez tiene, por supuesto, todo el derecho a recurrir esta sentencia en instancias superiores. Así funciona nuestro sistema de garantías. Lo que no es admisible en una democracia europea del siglo XXI es que el debate público gire en torno a dinamitar la credibilidad de los jueces cada vez que estos hacen su trabajo, caiga quien caiga. Respetar las reglas del juego cuando se pierde es, precisamente, la diferencia entre una democracia sólida y un mero teatro de poder.
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